jueves, 30 de agosto de 2007

HOMENAJE A LOS DESAPARECIDOS

30 AGOSTO: DIA INTERNACIONAL DEL DESAPARECIDO

Desapariciones forzadas en pleno siglo XXI

Decenas de miles de personas han sido forzadas a desaparecer en los últimos 20 años. Amnistía Internacional denuncia que la ‘guerra contra el terror’ retoma los secuestros, arrestos, detenciones y violaciones de derechos humanos.

Por Aída Sánchez/ Redacción (30/08/2007)




Con motivo del Día Internacional de los Desaparecidos, que se conmemora hoy 30 de agosto, Amnistía Internacional publica un informe en el que recuerda que en los últimos 20 años decenas de miles de personas en todo el mundo han sido víctimas del fenómeno de la desaparición forzada. “Estas desapariciones son una grave violación de los derechos humanos que sigue registrándose en la actualidad y que se ha extendido en los últimos años en el marco de la llamada ‘guerra contra el terror’ encabezada por Estados Unidos”, afirman desde la organización internacional.


Cada desaparición forzada viola un amplio conjunto de derechos humanos y, en último término, el derecho a la vida, ya que, tal y como explica Amnistía, es frecuente que las personas sometidas a desaparición forzada sean asesinadas. “Las desapariciones forzadas además provocan una especial angustia a los familiares de las víctimas, a quienes les resulta imposible averiguar si la persona está viva o muerta y no pueden guardar duelo por ella. Para ellos la desaparición forzada se prolonga sin fin”, señalan desde la ONG, y esa es una de las razones por las cuales los tribunales internacionales consideran esta práctica una violación continuada de derechos humanos. Las desapariciones forzadas no son cosa del pasado. Continúan existiendo en todo el mundo. Amnistía Internacional denuncia en su informe, por ejemplo, que en Sri Lanka al menos 1.000 personas han sido víctimas de desaparición forzada desde principios de 2006. En Chechenia se siguen registrando desapariciones forzadas y la ONG rusa Memorial estima que entre 3.000 y 5.000 hombres, mujeres y menores han desaparecido en la república rusa desde 1999. En otros países como Colombia la cifra de víctimas de desaparición forzada entre 1991 y 2006 supera las 130 y en Pakistán centenares de personas han sido detenidas arbitrariamente y sometidas a desaparición forzada en los últimos años.

Al mismo tiempo siguen sin esclarecerse los casos de desapariciones forzadas que se han producido en los últimos 20 años en numerosos países. Doce años después del fin de la guerra en Bosnia, entre 12.000 y 15.000 personas siguen en paradero desconocido. En el estado indio de Jammu y Cachemira se han denunciado entre 8.000 y 10.000 desapariciones forzadas desde 1989. En Argelia, miles de personas fueron sometidas a desaparición forzada entre 1993 y 2002 y, en la mayoría de casos, todavía se desconoce la suerte que corrieron. En Nepal, un comité gubernamental sigue investigando más de 600 casos pendientes de desaparición forzada durante el conflicto armado que sufrió el país entre 1996 y 2006.


’Guerra contra el terror’

Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos publicaron el pasado mes de junio Sin rastro oficial: Responsabilidad de Estados Unidos en las desapariciones forzadas de la “guerra contra el terror, una lista con los nombres y datos de 39 personas desaparecidas en el marco de la guerra contra el terror encabezada por Estados Unidos”, ha declarado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España. “Es la lista más exhaustiva hasta la fecha, con los nombres y datos de los individuos que, según se cree, han estado recluidos en secreto bajo custodia estadounidense y cuyo paradero actual sigue sin conocerse”, añaden desde la organización.

En esa lista también figura el ciudadano español de origen sirio Mustafa Setmariam Nasar, que fue capturado en Pakistán en 2005. En abril y mayo de 2006, agentes de inteligencia del país asiático confirmaron que Setmariam Nasar había sido entregado a la custodia de Estados Unidos al menos dos meses antes y que no se encontraba en Pakistán. Alrededor de esas fechas, en marzo de 2006, el nombre de Setmariam Nasar fue eliminado de al menos una de las listas gubernamentales de Estados Unidos sobre terroristas sospechosos. El 19 de julio de 2006, su nombre se incluyó en la lista de "terroristas que ya no constituyen una amenaza". Desde entonces no se ha publicado más información sobre la suerte de Setmariam Nasar por parte del gobierno de Estados Unidos y su paradero continúa oficialmente sin ser explicado, según informa Amnistía.

La ONG explica que escudándose en la ‘guerra contra el terror’, en algunos países ha aumentado el número de desapariciones forzadas y de otras violaciones de derechos humanos y citan como ejemplo precisamente el caso de Pakistán, un país donde apenas se conocían las desapariciones forzadas antes de que empezara la “cruzada estadounidense” y en el que ahora son un fenómeno creciente, que se han extendido más allá de los presuntos terroristas y afectan a otros grupos de personas. “Lo peor es que ahora, al igual que en el pasado, quienes cometen estos crímenes lo siguen haciendo en casi completa impunidad”, afirma Beltrán.

Amnistía Internacional también ha mostrado su preocupación ante las “entregas extraordinarias” de detenidos, en las que se han visto implicados numerosos Estados europeos y las reclusiones en centros secretos de detención, que no son más, según la organización, que "otras formas de desapariciones forzadas".






Convención contra las Desapariciones Forzadas

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 20 de diciembre de 2006 la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, un tratado de derechos humanos histórico que, de ser ratificado por una amplia mayoría de países, puede convertirse en una poderosa herramienta para prevenir esta violación de los derechos humanos, establecer la verdad sobre las circunstancias de toda desaparición forzada, garantizar la reparación a las víctimas y exigir la rendición de cuentas a los responsables.



Para Amnistía la Convención de la ONU es una "oportunidad crucial" por eso insta a todos los Estados a ratificarla. “En 1981, cuando la conciencia internacional se vio sacudida por la desaparición de miles de personas en el contexto de las dictaduras latinoamericanas, familiares de personas desaparecidas pidieron por primera vez una convención internacional para luchar contra las desapariciones forzadas. A ellos se fueron uniendo organizaciones no gubernamentales y gobiernos que, durante 25 años, han trabajado para sacar adelante el nuevo tratado. Para que todo este esfuerzo no haya sido en balde, al menos 20 Estados deben ratificar de inmediato la Convención”, ha declarado el director de Amnistía Internacional en España.
La decisión del gobierno español de iniciar los trámites para firmar la nueva Convención es también una buena noticia para la ONG internacional, pero a la vez exige al Ejecutivo "una demostración de su compromiso real en la lucha por erradicar esta práctica abominable agilizando dichos trámites y la posterior ratificación del texto".

Amnistía ha aprovechado el Día Internacional de los Desaparecidos para volver a instar al gobierno español a que exija a las autoridades estadounidenses que pongan fin a las detenciones secretas y las desapariciones forzadas en el marco de la ‘guerra contra el terror’ y a que aclare la situación y el paradero del ciudadano español Mustafa Setmariam Nasar.

domingo, 26 de agosto de 2007

PSICOLOGOS EN FASE DE NEGACION DE LA TORTURA


Por Amy Goodman

La Asociación de Psicólogos de Estados Unidos (APA - American Psychological Association) rechazó una propuesta de moratoria que hubiera prohibido que los psicólogos miembros participen en interrogatorios en centros de detención de EE.UU. tales como la Base de Guantánamo y las prisiones secretas de la CIA, conocidas como “black sites” y repartidas por todo el mundo. En lugar de eso, la organización, que cuenta con 148.000 miembros, aprobó en su reunión anual en San Francisco una resolución que prohíbe a los psicólogos participar en interrogatorios en los que se usen ciertas técnicas agresivas. Muchos psicólogos de la propia APA opinan que la resolución no es suficiente.

El tema de la tortura y los interrogatorios se ha convertido en una cuestión delicada para la APA, la mayor organización de psicólogos de todo el mundo. Tanto la Asociación Médica de Estados Unidos (American Medical Association) y la Asociación de Psiquiatras de Estados Unidos (American Psychiatric Association) prohíben terminantemente a sus miembros que participen en interrogatorios llevados a cabo en lugares como Guantánamo, en los que no están garantizados los derechos humanos básicos. A estas organizaciones se les han unido otras, como la Asociación de Traductores de Estados Unidos (American Translators Association) y la Sociedad para la Etnomusicología (Society for Ethnomusicology). La traducción es una herramienta esencial en los interrogatorios y se sabe que se ha usado música estridente y continua como forma de tortura.


Una pregunta central en este debate e
s: "¿Hay psicólogos participando en torturas?". Mientras que la administración Bush niega una y otra vez que emplee métodos de tortura, un informe filtrado del Comité Internacional de la Cruz Roja afirma que ciertos métodos usados por EE.UU. "son equiparables a la tortura".

En una encendida asamblea de la APA celebrada tras la votación, el Dr. Steven Reisner, uno de los principales impulsores de la propuesta de moratoria, preguntó: "Quiero saber si la resolución que fue aprobada prohíbe que los psicólogos participen en sesiones en las que se usen las técnicas avanzadas de interrogación que el presidente de Estados Unidos autorizó a usar en las prisiones secretas de la CIA".

Los defensores de la postura de la APA son claros: los psicólogos deben estar presentes en estos interrogatorios para proteger a los presos, para asegurarse de que los interrogadores no se excedan. Los críticos argumentan que los psicólogos están allí para ayudar a los interrogadores y asesorarlos sobre la mejor forma de quebrar a los presos.

El Dr. Jeffrey Kaye, un psicólogo miembro de Survivors International, un grupo internacional de sobrevivientes de la tortura, afirma que hay un vacío legal: los psicólogos no pueden participar en interrogatorios en los que se usen técnicas agresivas, pero sí pueden ser partícipes de las condiciones severas de detención que se aplican a los presos. Kaye declaró: "Fíjense, ellos no usan la técnica de privación del sueño mientras te interrogan, la usan antes del interrogatorio, como parte de las condiciones de detención, con el propósito de ablandar a los detenidos para el momento del interrogatorio. Así que el ganador hoy, y estoy seguro de que sus abogados están muy contentos, es la CIA".


Mientras se daba comienzo a la convención, Anthony Romero, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), remitió una carta a la APA, instándola a adoptar una moratoria para frenar la participación de psicólogos en los interrogatorios, y alertando que los psicólogos podrían afrontar responsabilidades legales e incluso llegar a ser procesados. "Hemos encontrado evidencias preocupantes de la connivencia de psicólogos clínicos en el desarrollo e implementación de procedimientos pensados para infligir daño psicológico a presos de Guantánamo y otros centros de detención".


En un momento surrealista de la apertura de la sesión de la APA sobre ética e interrogatorios, una interrogadora del Pentágono, la "Dra. Katherine Sherwood" (parece haberse presentado bajo un seudónimo), quiso hacer saber a la concurrencia que los interrogatorios eran llevados de forma profesional. Afirmó que se le negó acceso a la historia médica de los presos: "Me gusta hacer pasteles en casa para los detenidos y llevo mis pasteles caseros a nuestras sesiones. Necesito saber si un detenido tiene alergia al maní, ya que algo así podría ser muy peligroso. Anteriormente había un procedimiento mediante el que... el enlace podía plantear una pregunta al personal médico, y éstos podían decidir si dar una respuesta o no".


Su costumbre de hacer pasteles le da un nuevo significado al término "psicólogos BSCT", siglas en inglés de Behavioral Science Consultation Team (Equipo de Asesoramiento en Ciencias del Comportamiento), que pronunciadas "biscuit" significan “galleta". Se trata de los psicólogos que ayudaron a desarrollar las técnicas agresivas de interrogación, y los que según el Comité Internacional de la Cruz Roja proporcionaron información sobre las "debilidades y salud mental" de los detenidos para ayudar a quebrarlos psicológicamente.

La carta de la ACLU redactada por Romero concluye con: "La historia de la tortura se halla inexorablemente vinculada con el mal uso de los conocimientos científicos y médicos. En pleno siglo XXI, ya no es suficiente denunciar o criticar la tortura; más bien debemos cortar de una vez todas las conexiones entre los sanadores y los torturadores. Como protectores de la mente, los psicólogos están obligados a promover el tratamiento humano de todas las personas".

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Traducido por: Ángel Domínguez y Democracy Now! en español.

PARA ADHERIR A LA CARTA DE SERPAL

LAS ORGANIZACIONES Y PERSONAS QUE QUIERAN ADHERIR AL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO, PUEDEN HACERLO ESCRIBIENDO A LAS SIGUIENTES DIRECCIONES DE LA UNIVERSIDAD PARA LA PAZ (Costa Rica, www.upeace.org):

vvalle@upeace.org ; jmaresca@upeace.org ; aabdala@upeace.org ; gtsai@upeace.org ; webmaster@upeace.org ; acadmin@upeace.org ; info@upeace.org, rdreifus@worldcom.ch

GRACIAS TAMBIÉN POR DIFUNDIRLO AMPLIAMENTE.


CARTA ABIERTA A LA UNIVERSIDAD DE LA PAZ


El Servicio Paz y Justicia en América Latina, a través de su Secretariado Nacional, SERPAJ-Uruguay, quiere expresar su profunda preocupación por el nombramiento del Sr. Julio María Sanguinetti como miembro y Presidente del Consejo de la Universidad para la Paz.

Desde nuestra larga trayectoria como organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos en Uruguay, el Cono Sur y América Latina, consideramos que los antecedentes del Sr. Sanguinetti en esta materia son incompatibles con una universidad cuyos programas académicos están comprometidos con el derecho internacional de los derechos humanos y la paz.

El Sr. Sanguinetti no sólo fue una figura política decisiva en las negociaciones que llevaron a la salida de la dictadura cívico-militar en 1984; él fue, sobre todo, el artífice de la política de impunidad para los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, y el garante de su implementación durante los primeros 20 años de democracia, a través de sus dos períodos como presidente de Uruguay. Es por eso que en la comunidad de DDHH uruguaya se ganó el apodo de "campeón de la impunidad".

He aquí una brevísima reseña histórica de la conducta del Dr. Sanguinetti en esta materia:

Durante las negociaciones entre políticos y militares desarrolladas a lo largo de 1984, Sanguinetti se encargó de asegurarles a los dictadores salientes que él como futuro presidente garantizaría que ninguno de ellos tendría que responder por sus crímenes ante ninguna instancia pública. Eso, a pesar de que en la sociedad uruguaya -como en toda la región- había un reclamo muy fuerte de Verdad y Justicia; y que en la Concertación Nacional Programática (acuerdo social amplio para el programa de la transición) se aprobó explícitamente el compromiso de investigar y sancionar dichos delitos.

Una vez asumida la Presidencia, Sanguinetti ignoró todos los acuerdos alcanzados en la mencionada Concertación, y durante sus dos primeros años de gobierno buscó por todos los medios asegurarse las mayorías necesarias para aprobar en el Parlamento una ley de impunidad, mientras desde el poder Ejecutivo se protegía a los militares acusados, se obstaculizaba la actuación del poder Judicial, y se alentaba en la ciudadanía un clima de amenaza y temor sobre la posibilidad de un golpe militar en caso de que los militares fueran enjuiciados.

Finalmente, en diciembre de 1986, y un día antes de que los militares acusados tuvieran que declarar ante un juzgado civil, el Parlamento sesionó con carácter urgente para aprobar la ley "de caducidad de la pretensión punitiva del Estado", que consagraba la impunidad de todos los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. De esta manera el Presidente cumplía el compromiso con los militares que ya había anunciado su ministro de Defensa (el mismo general de la dictadura que había negociado la transición, y que había anunciado que ningún militar concurriría a declarar en un juzgado).

En los dos años siguientes, la sociedad civil organizada a través del movimiento sindical, estudiantil y cooperativo, las organizaciones de derechos humanos y la oposición política, impulsaron una vigorosa campaña para anular la ley de impunidad mediante un referéndum popular. Este amplio y plural movimiento -presidido por tres mujeres familiares de víctimas de la dictadura- juntó 634.702 firmas (en una población de sólo 3 millones) en menos de dos años para hacer posible el referéndum, creó 350 comités locales en todo el país, y visitó puerta a puerta más de 400.000 hogares. En ese tiempo, el gobierno de Sanguinetti continuó operando por todos los medios para hacer fracasar la iniciativa popular (incluyendo la manipulación escandalosa de la propia Corte Electoral, la mentira y la censura de prensa para desinformar, amedrentar y confundir a la opinión pública).

Paralelamente, la ley de impunidad uruguaya recibió la condena de los principales organismos internacionales de derechos humanos, tanto en el sistema interamericano de la OEA como en el de Naciones Unidas, por su flagrante incompatibilidad con los principios y tratados del derecho internacional de los derechos humanos. El gobierno de Sanguinetti ignoró y descalificó sistemáticamente estos pronunciamientos críticos de la comunidad internacional.

La campaña de desinformación y terror impulsada por Sanguinetti tuvo su fruto en una ciudadanía todavía atemorizada que recién salía de una feroz dictadura, y la ley de impunidad fue ratificada por referéndum en 1989. No obstante, la propia ley de impunidad establecía en su artículo 4 el deber del poder Ejecutivo de investigar el paradero de los detenidos-desaparecidos. En una verdadera burla a esa obligación, Sanguinetti encargó la investigación al fiscal militar José Sambucetti (juez y parte en los delitos a investigar), que por supuesto no arribó a ningún resultado.

Así, durante sus dos períodos de gobierno, Sanguinetti se dedicó a descalificar los reclamos de Verdad impulsados desde los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales; negó la existencia de personas desaparecidas en Uruguay; obstruyó sistemáticamente todos los esfuerzos encaminados ya no a hacer justicia sino a investigar la verdad y el paradero de los detenidos-desaparecidos; jamás respondió ningún planteo de las organizaciones de familiares de las víctimas, ni accedió a sus solicitudes de entrevista.

Así, en 20 años jamás un solo militar tuvo que declarar ante un juzgado en Uruguay, ni siquiera como indagado o testigo, y no se promovió ningún tipo de investigación oficial sobre el período de la dictadura. El principal responsable de esa efectiva política de olvido oficial que buscó impedir la elaboración de la memoria histórica (con gravísimas consecuencias para el conjunto de la sociedad, hasta hoy) fue Julio M. Sanguinetti.

Esta política de impunidad y negación de las violaciones a los derechos humanos tuvo su punto culminante en 'el caso Gelman', que trascendió internacionalmente. El mundialmente reconocido poeta argentino Juan Gelman dedicó casi un cuarto de siglo a buscar al bebé nacido en cautiverio de su nuera desaparecida. La joven de 19 años había sido detenida embarazada junto a su esposo en Argentina, en 1976; luego de que éste fuera brutalmente asesinado, la joven fue trasladada clandestinamente a Uruguay junto a un grupo de activistas de nuestro país, gracias a los operativos de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur, hoy conocidos como Plan Cóndor. Una vez que la joven dio a luz en Uruguay, fue asesinada y hasta hoy permanece como desaparecida. De su bebé no se supo nada durante 24 años. Juan Gelman obtuvo informaciones extraoficiales de que su nuera había dado a luz en Montevideo, y por eso entre 1998 y 1999 intentó entrevistarse con Sanguinetti para pedirle su colaboración en la búsqueda del bebé. Sanguinetti jamás accedió a esa solicitud, negó conocer cualquier información sobre el hecho, y hasta descalificó a Gelman en una respuesta pública donde afirmaba que los hechos mencionados por el poeta eran falsos y que en Uruguay no se habían producido desapariciones forzadas. Eso provocó que durante todo el año 1999 se desarrollara una campaña internacional en la cual varios premios Nobel y personalidades del mundo de la cultura (entre muchos otros, García Márquez, José Saramago, Gunther Grass, Pérez Esquivel, Susan Sontag, Eduardo Galeano, etc.) escribieron centenares de cartas exigiéndole a Sanguinetti que accediera a la solicitud de Gelman e investigara el paradero de su nieta.

Sanguinetti jamás hizo nada, hasta que al año siguiente, y a pocas semanas de haber dejado la presidencia, la nieta de Gelman fue localizada después de 24 años, y se inició el proceso de restitución de su verdadera identidad. Pero lo más sorprendente fue descubrir que el apropiador de la joven era un amigo personal y hombre de confianza de Sanguinetti, a quien el presidente había puesto como candidato a senador y nombrado jefe de policía del departamento de San José. Quedó así en evidencia que, mientras le negaba a Gelman los hechos que éste denunciaba, y afirmaba no saber nada sobre el paradero de su nieta, Sanguinetti estaba deliberadamente encubriendo a su amigo el apropiador de la joven, y una vez más operando activamente para garantizar el ocultamiento y la impunidad de los responsables de desapariciones, ejecuciones y torturas, a los que defendió y protegió a cualquier precio durante 20 años.

Las organizaciones que, como SERPAJ, durante décadas hemos trabajado por hacer cumplir y respetar el derecho internacional de los derechos humanos en nuestros países, porque estamos convencidas que es condición insoslayable para una verdadera democracia, consideramos que el Sr. Julio Sanguinetti no reúne los requisitos éticos para presidir el Consejo de una universidad cuya finalidad es formar a las generaciones jóvenes para que impregnen las políticas públicas, los Estados nacionales y las relaciones internacionales con los valores de la paz y los derechos humanos.

Esperamos entonces que la UPAZ revisará esta designación y buscará una persona acorde con estos principios para presidir el Consejo.

Adolfo Pérez Esquivel - Presidente Honorario SERPAJ América Latina

Ana Juanche Molina - Coordinadora Latinoamericana SERPAJ – AL

Guillermo Payssé - Coordinador Nacional - SERPAJ Uruguay

Montevideo, 24 de agosto de 2007.

viernes, 24 de agosto de 2007

COMUNICADO DE PRENSA - DERECHOS HUMANOS EN SANTA CRUZ

Pato Madera "Para que Nunca Más"


Los Organismos de DD.HH. abajo firmantes repudiamos los hechos sucedidos en Santa Cruz contra los docentes movilizados. Diecisiete compañeros y compañeras fueron hospitalizados con heridas de distinta gravedad causadas por el ex ministro kirchnerista Daniel Varizat quien el viernes 17 atropelló con su camioneta 4x4 la manifestación que realizaban a pocos metros del acto de campaña de Cristina Fernández. Una compañera sigue en estado crítico. En la madrugada del 18 de agosto fue incendiada, en evidente señal de amedrentamiento, la carpa blanca que continúan sosteniendo frente a la gobernación.


Nos solidarizamos con los docentes en lucha, apoyamos sus reclamos y decimos:

Basta de persecución a los luchadores populares!
Fuera la gendarmería de Santa Cruz, del Hospital Francés y de todos los conflictos sociales!
Aparición con vida YA de Julio López!
Juicio y castigo a los asesinos de Carlos Fuentealba
No a la Ley antiterrorista!
Libertad a los presos políticos!

______________

Abogados Laboralistas de Izquierda (ALI)

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos - Chascomús

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos - La Matanza

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – Rosario

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos - Tres Arroyos

Asamblea por la Recuperación de la Memoria, Chilecito, La Rioja

Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos

Asociación de Profesionales en Lucha (APEL)

Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU)

Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH)

Comisión por los DDHH de la ciudad de Trenque Lauquen

Comité de Acción Jurídica (CAJ)

Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA)

CORREPI Sur

Instituto de Relaciones Ecuménicas (IRE)

Liberpueblo

Liga Argentina por los Derechos del Hombre

Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH)

Unidad Antirrepresiva por los Derechos Humanos - Rosario( UADH)

Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad.

jueves, 23 de agosto de 2007

REPRESIÓN POLICIAL EN ACTO HOMENAJE HÉROES DE TRELEW





En manifestación por repudio a la Masacre de Trelew de 1972 y por represión en Santa Cruz de 2007 la Infantería se hizo presente frente al Cabildo y actuó con el poder del Estado represor para impedir que la manifestación se dirigiera a la Casa de Santa Cruz.






En marcha de organizaciones populares realizada en Capital Federal hubo feroz persecución policial con la participación de un alto número de civiles armados y con un saldo de más de una cuarentena de detenidos.


Los luchadores populares que repudian la represión son reprimidos. Las imágenes hablan por si solas.


miércoles, 22 de agosto de 2007

¡¡LIBERTAD PARA EL FOTOGRAFO BILAL HUSSEIN!!


Bilal Hussein, fotógrafo de la agencia AP se encuentra encarcelado en Irak por las fuerzas norteamericanas desde abril de 2005, sin haberse formulado cargos en su contra. Se trata de una medida absolutamente arbitraria y peor aun, se trata de un grave atentado a la libertad de prensa.

Hussein, junto a un grupo de compañeros de AP gano el premio Pulitzer de fotografía el 2005 y su trabajo centrado en mostrar la resistencia a las fuerzas norteamericanas son hoy la principal sospecha para dicha detención.

Desde Latinoamérica ha nacido la idea de crear un sitio www.freebilal.org donde se cumple con la tarea de informar de esta desconocida historia y sobretodo donde se pueda recibir el apoyo de todos, por medio de firmas de adhesión.

Les pedimos a todos, puedan entrar al sitio, conocer la historia, firmar el libro y difundirla a la mayor cantidad de gente. Quizás, esto no cambie en nada las condiciones carcelarias que enfrenta Bilal, pero sin duda, el sabrá que no esta solo.

ICAD se suma a esta demanda internacional y exige al gobierno estadounidense la libertad incondicional de Bilal Husein. Porque Bilal no está sólo.

1972 - 22 DE AGOSTO - 2007: HEROES DE TRELEW, ¡PRESENTES!












¡¡NI OLVIDO NI PERDÓN!!



















Carlos Alberto Astudillo (FAR). Nació en Santiago del Estero en el 17 de agosto de 1944 (28 años), estudiante de medicina en la Universidad de Córdoba. Había sido detenido el 29 de diciembre de 1970 y brutalmente torturado.

Rubén Pedro Bonet (PRT-ERP). Nació en Buenos Aires el 1 de febrero de 1942 (30 años), casado y padre de dos chicos, Hernán y Mariana, de 4 y 5 años. Perteneciente a una familia muy modesta abandonó sus estudios para ingresar como obrero en Sudamtex y Nestlé. Había sido detenido en febrero de 1971.

Eduardo Adolfo Capello (PRT-ERP). Nació en Buenos Aires el 3 de mayo de 1948 (24 años), estudiante de ciencias económicas y empleado. Había sido detenido cuando intentaba expropiar un auto en febrero de 1971.

Mario Emilio Delfino (PRT-ERP). Nació en Rosario el 17 de septiembre de 1942 (29 años), casado. Estudió ingeniería en la Universidad de Santa Fe. Inició su militancia en Palabra Obrera, que confluiría en el PRT. Abandonó sus estudios universitarios para ingresar como obrero en el frigorífico Swift de Rosario, donde trabajó 5 años. Había sido detenido el 14 de abril de 1970. El V congreso del PRT lo eligió miembro del Comité Central en ausencia.

Alberto Carlos del Rey (PRT-ERP). Nació en Rosario el 22 de febrero de 1949 (23 años), estudió ingeniería química en la Universidad de Rosario, donde se integró al PRT. Participó del congreso fundacional del ERP. Había sido detenido el 27 de abril de 1971.

Alfredo Elías Kohon (FAR): Nació en Entre Ríos el 22 de marzo de 1945 (27 años), estudiaba ingeniería en la Universidad de Córdoba y trabajaba en una fábrica metalúrgica. Formó parte de los comandos Santiago Pampillón y fue fundador de las FAR local. Había sido detenido el 29 de diciembre de 1970.

Clarisa Rosa Lea Place (PRT-ERP). Nació en Tucumán el 23 de diciembre de 1948 (23 años), estudió derecho en la Universidad de Tucumán, donde se integró al PRT. Participó del congreso fundacional del ERP. Había sido detenida en diciembre de 1970 durante un control de rutina.

Susana Graciela Lesgart de Yofre (MONTONEROS). Nació en Córdoba el 13 de octubre de 1949 (22 años), maestra. Se radicó en Tucumán donde enseñaba y compartía la vida con los trabajadores cañeros. Fue una de las fundadoras de Montoneros en Córdoba. Había sido detenida en diciembre de 1971.

José Ricardo Mena (PRT-ERP). Nació el 28 de marzo de 1951 en Tucumán (21 años), obrero azucarero. Integró los primeras grupos del PRT en Tucumán. Había sido detenido tras la expropiación a un banco, en noviembre de 1970.

Miguel Ángel Polti (PRT-ERP). Nació en Córdoba el 11 de julio de 1951 (21 años), estudió ingeniería química en la Universidad de Córdoba, era hermano de José Polti, muerto en abril de 1971. Había sido detenido en Córdoba, en julio de 1971.

Mariano Pujadas (MONTONEROS). Nació en Barcelona el 14 de junio de 1948 (24 años), fue fundador y dirigente de Montoneros en Córdoba. Participó en la toma de La Calera. Estaba a punto de terminar la carrera de ingeniero agrónomo cuando fue detenido en una redada, en junio de 1971.

María Angélica Sabelli (FAR). Nació en Buenos Aires el 12 de enero de 1949 (23 años), conoció a Olmedo cuando estudiaba en el Colegio Nacional Buenos Aires. Cursaba matemática en la facultad de ciencias exactas, trabajaba como empleada y como profesora de matemática y latín. Había sido detenida en febrero de 1972 y salvajemente torturada.

Ana María Villareal de Santucho (PRT-ERP). Nació en 9 de octubre de 1935 (36 años), era compañera de Mario Roberto Santucho y madre de tres chicos. Licenciada en artes plásticas por la Universidad de Tucumán. Junto a Santucho empezó a militar en el FRIP (Frente Revolucionario Indoamericano y Popular) que luego confluyó en el PRT. Había sido detenida en un control de rutina en un colectivo.

Humberto Segundo Suarez (PRT-ERP). Nació en Tucumán el 1 de abril de 1947 (25 años), de origen rural, fue cañero, obrero de la construcción y oficial panadero. Había sido detenido en marzo de 1971.

Humberto Adrián Toschi (PRT-ERP). Nació en 1 de abril de 1947 en Córdoba (25 años), trabajaba en una empresa familiar hasta que eligió ser obrero. Había sido detenido, junto con Santucho y Gorriarán Merlo, en una redada el 30 de agosto de 1971.

Jorge Alejandro Ulla (PRT-ERP). Nació en Santa Fe el 23 de diciembre de 1944 (27 años), maestro; abandonó sus estudios para trabajar como obrero en una fábrica metalúrgica. Participó del congreso fundacional del ERP y en la primera operación armada. Había sido detenido junto con Humberto Toschi en Córdoba, en agosto de 1971.

Los sobrevivientes:









Maria Antonia Berger (MONTONEROS). Licenciada en sociología, había sido detenida el 3 de noviembre de 1971. Herida por una ráfaga de metralla logró introducirse en su celda, donde recibió un tiro de pistola; fue la última en ser trasladada a la enfermería. En la fecha de la masacre tenía 30 años. Fue secuestrada a mediados de 1979.

Alberto Miguel Camps (FAR). Estudiante, había sido detenido el 29 de diciembre de 1970. Eludió la metralla arrojándose dentro de su propia celda, donde fue baleado. En la fecha de la masacre tenía 24 años. Su cuerpo, enterrado como NN en el cementerio de Lomas de Zamora, fue identificado en el año 2000.

Ricardo René Haidar (MONTONEROS). Ingeniero químico, había sido detenido el 22 de febrero de 1972. Evadió las ráfagas de ametralladoras introduciéndose en su celda, donde fue herido. En la fecha de la masacre tenía 28 años. Fue secuestrado el 18 de diciembre de 1982.

Salvaron sus vidas porque los fusiladores los creyeron muertos. Los tres están desaparecidos.

Seis presos lograron fugar el 15 de agosto, llegar a Chile y luego a Cuba:

Roberto Quieto. Secuestrado el 28 de diciembre de 1975. Desaparecido.

Marcos Osatinsky. Detenido en Córdoba, en la Jefatura de Policía se le aplicó la "ley de fugas" y fue asesinado el 21 de agosto de 1975. Su cadáver fue dinamitado.

Domingo Mena, desaparecido el 19 de julio de 1976.

Mario Roberto Santucho, desaparecido el 19 de julio de 1976.

Enrique Gorriarán Merlo. Sobrevivió. Fue secuestrado en México en octubre de 1995 y trasladado a Argentina. Procesado y condenado por los hechos de La Tablada permaneció 8 años preso. Fue indultado por el presidente Duhalde en 2003. Falleció de muerte natural el 22 de septiembre de 2006.

Fernando Vaca Narvaja. Sobrevivió.


Los militantes que participaron en el secuestro del avión:








Carlos Goldemberg. Secuestrado en agosto de 1976. Desaparecido.

Anna Wiessen. Desaparecida en 1979

Víctor Fernández Palmeiro. Murió luego de participar en el operativo de ejecución del almirante Hermes Quijada, portavoz de la versión oficial de la dictadura de Lanusse sobre la masacre. La lápida que había en su tumba fue hallada recientemente en las excavaciones que se están realizando para sacar a la superficie las instalaciones del campo de concentración Club Atlético, que funcionó en Paseo Colón y Cochabamba, durante la dictadura militar iniciada el 24 de marzo de 1976.

Francisco Paco Urondo, quien entrevistó a los tres sobrevivientes de la masacre en la cárcel de Devoto, donde los cuatro estaban detenidos, la noche del 24 de mayo de 1973, murió enfrentando a la dictadura militar en Mendoza, en julio de 1976.

Represalias sufridas por los familiares de algunos de los asesinados en la Base Almirante Zar:

Los padres y dos hermanos de Mariano Pujadas fueron secuestrados y asesinados el 14 de agosto de 1975 en Córdoba, por el Comando Libertadores de América, integrado por militares del Tercer Cuerpo de Ejército.

El 25 de abril de 1976 fueron secuestrados Rogelio y María Amelia Lesgart (hermanos de Susana Lesgart). El padre de ambos, Rogelio también fue secuestrado, y liberado pocos días después.

Arturo Lea Place, padre de Clarisa, y su hermano Luis Lea Place, fueron asesinados el 22/08/76.

Hugo Vaca Narvaja, padre de Fernando Vaca Narvaja, está desaparecido. Hugo Vaca Narvaja (h) fue asesinado en la cárcel de Córdoba en julio de 1976.

Destino de algunos de los abogados de los presos políticos del penal de Rawson, que llevaron adelante las acciones judiciales luego de la masacre:

Rodolfo Ortega Peña, asesinado por las Tres A 31 de julio de 1974.

Mario Amaya, asesinado por la dictadura.

Roberto Sinigaglia y Mario Hernández, desaparecidos.

sábado, 18 de agosto de 2007

Derechos humanos, excluidos como política oficial en casi todos los países

Pueblos indios, de los más afectados: Stavenhagen

Por MATILDE PEREZ U.


Es necesario aceptar que casi ningún país reconoce los derechos humanos como política de Estado, aseveró el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen.

En un diálogo con integrantes del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) que lo invitaron al seminario Tendencias que afectan los derechos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, Stavenhagen comentó que la lucha por esos derechos siempre ha sido de los pueblos excluidos y de la oposición.

Aunque en los 20 años anteriores hubo un pequeño avance, ahora "siento que hay una regresión mundial en materia de goce efectivo de los derechos humanos de los pueblos indígenas".

No tengo una línea estadística de base, pero creo que hay un patrón de regresión en la efectividad del ejercicio de los derechos de los pueblos indios frente a los estados, a los poderes fácticos y a la ley, lo cual no quiere decir que no haya avances políticos y sociales, expuso.

Además, los estados representados en la ONU están convencidos de la bondad del sistema, de la globalización, de las privatizaciones, del mercado, del individualismo y de los avances tecnológicos, los cuales son parte de "las nuevas escrituras sagradas del mundo globalizado", y es ahí donde no tienen un lugar los pueblos indios, aunque éstos, al igual que las mujeres, los niños y los discapacitados, se han abierto camino paulatinamente y ha habido momentos de pequeñas victorias.

Por ello, destacó, el desafío es encontrar la manera de incidir en el discurso público, en la acción y la construcción de una cultura de protección de los derechos humanos para participar en esos triunfos.

A tres meses de concluir su mandato como relator especial de los derechos humanos, Stavenhagen explicó a los antropólogos del CIESAS el papel del relator y la complejidad que enfrenta para plasmar en sus informes situaciones particulares de los pueblos indios, así como las resistencias de algunos países que integran el Consejo General de la ONU para aceptar como un tema de interés internacional los derechos humanos.

En la ONU "creo que también hay una regresión en materia de derechos humanos, porque hay estados miembros que preguntan por qué tanto énfasis en ese tema cuando los problemas son otros, como el libre comercio, el combate al terrorismo y a las drogas, y hasta dicen que los derechos humanos están costando mucho dinero."

Se refirió a las resistencias de algunos países de la Asamblea General de la ONU a la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual fue aprobada el 29 de junio del año pasado por el Consejo de los Derechos Humanos.

"Está atorada en (esa instancia), y no es seguro que sea adoptada porque hay países que quieren que se quiten algunas frases que les molestan y están en un fuerte cabildeo para lograrlo; además propusieron que la comisión de asesores -que se conformó a partir de la aprobación de la citada declaración- y los relatores especiales se sujeten a un código de conducta. También hay organizaciones indígenas que buscan tener una representación en el Consejo General, pero allí toman las decisiones los estados y tengo mis dudas de que vayan a crear un consejo sólo para los pueblos indígenas."


domingo, 12 de agosto de 2007

sábado, 11 de agosto de 2007

MEXICO: Juárez: Un "discurso precioso" oculta feminicidio

México: Narco, política, asesinatos, todo envuelto con corrupción

Por CIMAC





Su rostro refleja seis años de incansable lucha tras la desaparición y muerte de su ahijada Lilia Alejandra en Ciudad Juárez, sus ojos muestran la rabia de las injusticias, pero se iluminan ante una nueva esperanza de llegada de la justicia aclamada.

Así describe Leonardo Bastida a Marisela Ortiz, coordinadora general de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, organización civil fundada en 2001 que clama por que se esclarezcan y termine el feminicidio en la localidad fronteriza de Ciudad Juárez, durante la entrevista que le realizó la agencia NotieSe a la activista, donde expone sus puntos de vista en cuanto a una lucha que ha dejado de ser local para asentarse en el plano internacional.


- De la década de los 90 a la actualidad, parece ser que la situación no cambia en cuestión de los antes denominados asesinatos de mujeres, hoy feminicidio ¿Qué está sucediendo?

- En primer lugar, ningún término es atenuante -responde Ortiz- son vidas y es una brutalidad la forma en que son asesinadas. La situación ha cambiado, pero no en el fondo, solamente en la forma.

Ahora el estado de Chihuahua se ha involucrado más en las soluciones, pero esto es una política muy aparente, es para dar satisfacción a todas las demandas internacionales de justicia. Hemos hecho tanto ruido a nivel internacional que ellos se han visto obligados, bajo esta política de la simulación, a hacer más cosas de las que acostumbraban hacer las autoridades de los dos últimos gobiernos.

'No confiamos totalmente, aclara Ortíz, porque estos cambios has surgido básicamente del impulso de nuestra organización y de otras que también se unen en esta lucha, las cuales solamente pegan en la situación social, ninguna en lo jurídico, no hay investigación, incluso los casos que se han resuelto a medias son los que conciernen a este gobierno, los casos del pasado no tienen recursos para ser investigados. La sociedad es quien ha denunciado'.

- Se sigue viviendo la misma situación. ¿Qué sigue pasando en Ciudad Juárez?

- Ahora es un poco más grave la situación. Es una política de ocultamiento, de silencios, de intimidaciones, donde es permitido por el Estado lo que está ocurriendo. Por lo menos, en el pasado teníamos mayores evidencias de esta falta de voluntad, las autoridades mismas se ponían solas de cabeza.


Actualmente no; hay una política hermosa, un discurso precioso pero por debajo de ésta, no existe nada. Me parece más peligroso lo que está ocurriendo ahora en Ciudad Juárez.

- ¿Qué tiene Juárez que ha acaparado por tantos años la atención de la sociedad?

- Juárez tiene gobernantes que no tienen la capacidad ni la voluntad política de solucionar un problema que es de mujeres. Tiene una arraigada cultura machista. Tiene la fuerza mayor del narcotráfico, es decir, los cárteles que existen en Juárez son superpoderosos, tiene incluso la puerta más grande de paso de drogas hacia los Estados Unidos. Tiene una industria maquiladora ajena a la problemática local, que no tienen más que el interés económico. Toda esa conjunción de gente que pasó a Ciudad Juárez a buscar mejor calidad de vida y lamentablemente encuentra la muerte de una de sus hijas.

- ¿Narco-política-feminicidio van de la mano?

- De la mano, todo esto envuelto con la corrupción.

- ¿Cómo pasar del ámbito local a la injerencia en otros ámbitos? ¿Qué beneficios hay en esto?

- No en vano hemos puesto en riesgo nuestra vida. Ha habido muchos resultados. A veces nos desanima la situación, no vemos esos pasos agigantados que quisiéramos dar. Si revisamos nuestra historia, si vemos todo lo que hemos venido realizando, nos vamos a dar cuenta que es una maravilla todo lo que ha sucedido. El Parlamento italiano hizo un pronunciamiento y un reclamo a Felipe Calderón. Mis compañeros que han sido afectados con la pérdida de una de sus hijas han estado en varios países y hablado con parlamentarios, con gente de gobierno de cada país, ellos están conscientes de lo que esta ocurriendo. Ha habido muchas visitas. Esto no se puede tapar con un dedo, tiene que salir a la luz, nosotros no vamos a dejar de insistir. Esto tiene que solucionarse y creo que vamos por buen camino, por esa razón quieren eliminarnos.

Fox y Calderón, sordos


- ¿Hasta que plano piensan llegar?

- Hasta reactivar estas voces que ya se habían callado, incluso con las informaciones que el gobierno mexicano ha estado emitiendo de que todo está solucionado, sobre todo cuando fue presidente Vicente
Fox. El dijo que el 80 por ciento de los casos ya estaba solucionado. Nosotros decimos: aquí esta el contrainforme, aquí estamos, aquí están los casos de nuestra hijas que no están resueltos.

- Fox nunca los recibió. ¿Cuál es la postura de Calderón?

- La postura de Calderón es idéntica. Nosotros pensamos q
ue con todo el rollo que hicimos en Europa los primeros meses del año, él iba a reacciona de una manera diferente. Sin embargo, tenemos tres peticiones de audiencia con él y no ha respondido aún. Nosotros hicimos estas peticiones desde Europa, a través de los consulados, de la gente que tiene relación directa con él y la verdad es que no hay respuesta.

Si él hizo un pronunciamiento en Italia fue porque fue cu
estionado y nosotros estuvimos en el Parlamento una semana antes, precisamente para decirles a los parlamentarios italianos que nos ayudaran. Interróguenlo, avergüéncelo cada vez que sea posible.

- ¿Por qué en México se ignora el tema?

- Porque queremos ignorarlo. Yo considero esto como un problema muy grave y si tú tienes que vivir en una comunidad tan difícil, tan violenta, lo que tienes que hacer psicológicamente es ignorar lo
que ocurre porque es una situación que no puedes cambiar o que nos sabes como entrarle. Tienes que sobrevivir ahí, mejor prefieres cerrar tus ojos, tus oídos y tu corazón a todo lo que ocurre porque lo que quieres escuchar es que vives en un lugar habitable.

- ¿Se puede hacer esto en Juárez?

- Para nosotros que defendemos los derechos humanos es muy complicado. A donde quiera que voy, tengo que cargar con mis hijas porque es una situación muy delicada, no sabes en qué momento te pueden quitar la vida.

- ¿Cómo lidiar con el hostigamiento?

- Es algo que no termina, que incluso no se soluciona, a cada acción hemos puesto denuncias, hasta la fecha no ha habido investigaciones de ninguna de esas denuncias que hemos puesto.

Ha habido amenazas que incluso hemos podido demostrar porque quedan grabadas en nuestros teléfonos, son de gente que pertenece a esos grupos de narcotraficantes y no ha pasado nada. Lo único que se emitió fue una orden judicial para que el que realizó la amenaza no se acercara a ciertos kilómetros. En realidad, no fue castigado, hasta que te matan puede castigarse a una persona. De lo que se trata es de defender la vida.

- ¿Qué esperas de la respuesta de la sociedad civil con acciones como la creación del Observatorio Ciudadano del Feminicidio, es el momento de poner las cosas sobre la mesa una vez más?


- Por lo menos, si no se ponen las cosas s
obre la mesa, que exista una información contraria a la que emite el gobierno, una información que se acerque más a la verdad. Te comento que estamos buscando a través de la Organización de las Naciones Unidas la creación de un observatorio internacional de feminicidio.

- ¿Cómo persona, cómo Marisela Ortiz, que se puede esperar de ti y que esperas tú?

- Todas las fuerzas unidas, no solamente en mí sino en mi familia también.

No nos vamos a rendir,
todas esas amenazas, todas esas agresiones nos fortalecen aún más para continuar la lucha y volver a poner a Juárez en el plano nacional. Lograr la paz para las mujeres, lograrla para todos los ciudadanos para que volvamos a transitar libremente en nuestra comunidad.

Una comunidad llena de gente trabajadora y hermosa que no merece todo esto.



De esta manera concluye Marisela, regalándonos una sonrisa y levantándose de la silla con la certeza de que algún día se hará realidad el lema ¡Ni una muerta más!, pensando en que las mujeres en Ciudad Juárez podrán volver a caminar seguras, ir a su trabajo sin miedo, y que no se volverá a colocar ninguna cruz rosa en algún paraje de la localidad, concluye la entrevista de NotieSe.